Ley 3/2016 LGTBI de la Comunidad de Madrid: temario celador

El artículo 1 establece el objeto: regular los principios, medidas, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género, reales o percibidas, así como el derecho a su integridad física y psíquica. El artículo 2 la aplica a la Administración de la Comunidad, a las entidades locales y a las entidades vinculadas o dependientes, y a cualquier persona física o jurídica que actúe en su territorio.

El artículo 3 es de definiciones y conviene saberlo bien, porque da pie a muchas preguntas. Empieza definiendo la propia sigla: LGTBI designa a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (art. 3.a), tal y como lo define la ley. Después define persona trans, LGTBIfobia, los tipos de discriminación, acoso discriminatorio, represalia, victimización secundaria, violencia intragénero, acciones afirmativas, terapias de conversión y persona intersexual. Las letras h), p) y r) fueron suprimidas por la Ley 18/2023.

El artículo 4 recoge los principios. El primero reconoce que todas las personas, con independencia de su orientación sexual, expresión o identidad de género, tienen derecho al pleno disfrute de los derechos humanos, con seis ideas que destacan: igualdad y no discriminación (a), reconocimiento de la personalidad (b), prevención (c), integridad física y seguridad personal (d), protección frente a represalias (e) y privacidad (f). La privacidad incluye optar por revelar o no la propia orientación, diversidad corporal o identidad de género. El artículo 5 dispone que la Comunidad y las entidades locales garantizan el cumplimiento de la ley y promueven una política activa e integral de atención a las personas LGTBI.

El artículo 7 trata la igualdad de trato. Nadie puede ser presionado, coaccionado u obligado a ocultar, suprimir o negar su orientación sexual e identidad o expresión de género, ni a someterse a tratamientos con la finalidad de modificarlas (7.1). Y hay una regla que afecta directamente al sistema sanitario: en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid no se usarán terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual, ni se practicará cirugía alguna tendente a modificar la anatomía sexual del recién nacido intersexual (7.2, redacción de la Ley 18/2023). El 7.3 prohíbe exigir pruebas para determinar la orientación sexual o la identidad de género.

El artículo 10 garantiza el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI, dependiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales, con información, orientación y asesoramiento, incluido el legal y la asistencia psicológica y social.

El capítulo XII, «Medidas en el ámbito de la salud», es el que más conecta con un celador. Sus cuatro artículos conservan la redacción original de 2016.

El artículo 36 reconoce el derecho al más alto nivel de disfrute de la salud física y mental, incluida la sexual y reproductiva, sin discriminación por orientación sexual, expresión o identidad de género. Y establece que la atención sanitaria del sistema público madrileño se adecuará a la identidad de género de la persona (36.3). Esto enlaza con el artículo 17, según el cual las personas transexuales, transgénero e intersexuales pueden ser nombradas y tratadas, en los servicios públicos, de acuerdo con el género con el que se identifican (17.1), con confidencialidad sobre la identidad de género manifestada (17.2).

El artículo 37 trata la formación y los protocolos: la Consejería de salud garantizará que los profesionales sanitarios cuenten con formación adecuada (37.1) y el sistema sanitario público conformará un grupo coordinador de profesionales experimentados que promueva protocolos de trato no discriminatorio, con especial atención a las personas transexuales (37.2). El artículo 38 se centra en mujeres lesbianas, bisexuales, personas trans y personas con pareja trans; entre otras cosas garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones que el resto de las mujeres, según criterios médicos (38.2). El artículo 39 trata las enfermedades de transmisión sexual, con campañas que incluyan expresamente la realidad del colectivo y campañas gratuitas de detección precoz del VIH, especialmente en las zonas rurales (39.2).

Además, el artículo 55.4 dice que los profesionales que realizan tareas de prevención, detección, atención, asistencia y recuperación en los ámbitos de la salud, la educación, los servicios sociales, la justicia y los cuerpos de seguridad, entre otros, que conozcan una situación de riesgo o tengan una sospecha fundamentada de discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, tienen el deber de comunicarlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al órgano competente. Qué categorías se incluyen en ese «profesionales» no lo detalla el artículo; para el examen, ciñete al texto.

Muchos cuestionarios antiguos incluyen artículos que ya no existen: el texto consolidado del BOE los marca como suprimidos. Entre ellos están el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid (art. 6), los medios de comunicación (art. 12), la evaluación del impacto sobre orientación sexual e identidad de género (art. 21), el reconocimiento y apoyo institucional (art. 22), el centro de documentación y memoria histórica (art. 24), buena parte de las medidas educativas (arts. 29 a 32 y 34), la inversión de la carga de la prueba (art. 66), la Comisión Interdepartamental (art. 67) y todo el régimen de infracciones y sanciones propio (arts. 69 a 76).

En su lugar, el artículo 68, ya dentro del título IV («Régimen sancionador»), dice que las infracciones y sanciones serán las recogidas en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y el artículo 65 (concepto de interesado) figura con su letra d) como anulada: el texto consolidado informa de que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de ese apartado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2025, de 9 de abril.

Lo importante: no memorices un artículo sin comprobar que sigue vigente. Ante la duda, la referencia es el texto consolidado del BOE.